Y AHORA ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?
LUZ MARIA LASTRAS MARTINEZ
19 de enero de 2012 lucylastras@gmail.com
De los servidores públicos, los que en encuesta que se aplica, invariablemente salen calificados en los peores niveles son, sin duda, los diputados. Yo no se si sea un fenómeno que se de en todas las entidades federativas por igual, porque me queda claro que se da en el Congreso de la Unión y se da en San Luis Potosí.
Y no es de gratis, los diputados se han ganado a pulso su fama pública. Basta repasar las noticias que en los últimos meses han desatado ruidosos escándalos entre la sociedad potosina, que no dan mas que para avergonzarnos de nuestros representantes populares.
Todo el año 2011 San Luis vivió en la incertidumbre jurídica en la conformación del órgano electoral, máxima autoridad que conducirá el proceso electoral más complejo que se haya presentado en los últimos años. Todo se derivó de la irresponsabilidad y falta de compromiso institucional de los señores diputados con la encomienda otorgada por los potosinos.
A fines de 2010 emite el Congreso una convocatoria para renovar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 128 ciudadanos de buena fe acuden a solicitar su registro para ser considerados consejeros. Los diputados, en franca desvergüenza, haciendo a un lado sus propias reglas y desestimando la letra de la convocatoria, en lo oscurito hacen su propia lista y hacen también la faramalla de votarla en el Pleno, para cerrar el año con un Consejo integrado a modo. Solo les queda un pendiente, derivado de los jaloneos que el cargo amerita, dejan pendiente para mejor momento la elección del Consejero Presidente. No contaban con que, desafiantes a la burla de que habían sido objeto, varios ciudadanos deciden pelear por su derecho y acuden al TRIFE a interponer un juicio ciudadano. La máxima autoridad electoral de la Nación les da la razón y la integración del consejo a modo se cae. Así pasamos todo el año, entre consejos mal integrados e impugnaciones ciudadanas que derrocaban las malas intenciones de los diputados, que movidos por intereses partidistas y electorales, trataron una y otra vez de imponer a sus cuates, violando la ley.
Para finales del mes de septiembre de 2011 se elige finalmente por tercera ocasión a los Consejeros Ciudadanos, cuyo Presidente es recibido por los medios de comunicación con la noticia de que no fue confirmado como magistrado electoral por su falta de probidad.
Ante la incapacidad de los diputados por integrar un Consejo apegado a la Ley, no tuvieron más remedio que acudir al cabildeo con los magistrados electorales, para “convencerlos” de que ya no les tumbaran el consejo, pues ya iban tres veces, y para la fecha, ya incluso nos encontrábamos inmersos en el proceso electoral. Pero para poder llegarles a “sus señorías” pues era necesario apelar al apoyo de importantes personajes de la política nacional, para que el “convencimiento” fuera efectivo. Así el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en contubernio con diputados azules y de todos colores, deciden “contratar” nada más y nada menos que al Secretario Particular del Presidente de la República y al ex presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, para que, mediante una corta feria, practicaran una llave turca a los magistrados electorales y apelando a la “necesidad en pro de la estabilidad social y política de San Luis”, buscaran “convencer” a los magistrados para que emitieran finalmente un fallo favorable a la tendenciosa elección del CEEPAC.
Cabe señalar que los personajes de la vida política nacional en mención, cobran facturas ilegales amparados en el halo del poder, pues los domicilios fiscales que presentan son fantasmas.
Lastimosa es la actuación de los diputados, pero en especial la del diputado Presidente de la JUCOPO, no solo por tan deshonesta práctica, sino además por que continuamente alardea por aquí y por allá de sus relaciones e influencia con altos personajes políticos de su partido el PRI, no obstante, tuvo que recurrir a los panistas para que fueran ellos quién le repusieran la plana.
No contentos con el cochinero que hicieron con el CEEPAC, los diputados cierran el año con escándalos peores, pues evidencian sin pudor alguno que su interés por los cargos públicos radica en el manejo discrecional del presupuesto, del que disponen como si fuera propio, y lo dilapidan contratando “asesores”, comprando vehículos que ponen al cargo de los achichincles que ningún cuidado les ponen, gastando gasolina como si fueran patrullas, excesivo gasto en mobiliario y equipo que ni siquiera desquitan pues el trabajo productivo brilla por su ausencia, y, lo peor de todo, después del despilfarro ¡¡¡todavía les sobra!!! y sin cargo de conciencia deciden repartirse como botín el excedente del sobre inflado presupuesto que maneja el Congreso, ¡¡¡seis millones!!! entre todos, para sus chicles navideños.
Y nos preguntamos ¿Cómo es que les sobran millones de pesos del presupuesto? La respuesta es sencilla. Retomo aquí parte de una columna que hace algunos meses publiqué:
En el año 2006, el Poder Legislativo ejerció un presupuesto de $164’316,350.00 que está consignado en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006. El 30 de mayo de ese año, en la conclusión de la LVII Legislatura, se decreta la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí, desapareciendo así la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano dependiente del Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia, como una autoridad técnica y auxiliar del propio Congreso, que tenía por objeto regular la fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera del Gobierno del Estado y de sus Municipios, así como de sus entidades, funciones que pasa a adquirir, entre otras, el nuevo órgano fiscalizador llamado Auditoria Superior del Estado.
Como entidad dependiente del Poder Legislativo, la Contaduría Mayor de Hacienda operaba dentro del presupuesto destinado al Poder Legislativo en las leyes correspondientes. O sea, que los $164’316,350.00 que ejerció el Poder Legislativo fueron suficientes para que operara el Congreso del Estado y sus órganos auxiliares como el Instituto de Investigaciones Legislativas y la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ya constituido como órgano autónomo la Auditoria Superior del Estado, para el año 2007 es considerado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado con presupuesto propio, que en ese año y en el siguiente 2008 ascendió a la cantidad de $53’687,389.00, mientras que el presupuesto asignado al Poder Legislativo en 2007 y 2008 solo decreció $1’872,350 ya que contó con un presupuesto de $162'444,000.
Esto es, que el Congreso del Estado mantiene el presupuesto con el que anteriormente funcionaban el propio Congreso y la Contaduría Mayor, que en 2006 antes de la conformación de la Auditoria Superior, el Congreso tenía una plantilla de personal de 237 empleados, distribuidos en 132 trabajadores del Congreso y 105 de la Contaduría Mayor, que representaban una erogación por concepto de Servicios Personales de un monto de $115’547,133.00.
Actualmente, el Congreso sostiene una plantilla de 210 empleados, o sea, que se han contratado 78 trabajadores más en los últimos 5 años, sin que este incremento se refleje en mejoramiento de la tarea legislativa, que según da cuenta la página web del Congreso, mantiene más de 450 iniciativas pendientes del 2006 a la fecha, plantilla en la que se gastó en el ejercicio 2010 la cantidad de $136’765,850.00, lo que representa un incremento de 21 millones de pesos más de lo que en 2006 erogaron los empleados del Congreso y la Contaduría juntos.
Para el ejercicio 2011, la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado, destina al Poder Legislativo la cantidad de $216’991,210.00 y a la Auditoria Superior $ 113’000,000.00. Sumando ambas cantidades, encontramos que los organismos que en 2006 costaban juntos al erario público $164’316,350.00 millones de pesos, hoy, 5 años después, cuestan $329’991.210.00, poco más del 100% de incremento.
Después de éste análisis, es muy fácil comprender los motivos de los despilfarros que se dan el Congreso, los excesos, los abusos, el chambismo, los pagos de compromisos políticos con la nómina, y por supuesto, los pleitos por el ejercicio del poder y la ambición por el manejo de las chequeras legislativas.
Ah, pero eso si, a los ciudadanos hay que hincarles el diente. Que sigan aportando vía cargas impositivas para hacer más jugoso el presupuesto y que haya más que repartir, fue así que, en contubernio con el señor Gobernador, los señores diputados decidieron imponer a los potosinos un impuesto que en el ámbito federal fue desterrado, la tenencia y uso de vehículos. 400 millones que a juicio del gobernante son necesarios para el desarrollo del Estado, y que representan menos de la tercera parte de lo que el anterior gobierno con la anuencia del Doctor Toranzo, entonces gobernador electo, dispusiera a través de un crédito que lastimo severamente las finanzas estatales, y que representan también menos del monto que por concepto de aguinaldo y prestaciones de fin de año recibieron los servidores públicos.
Así, nuestros gobernantes dan muestra de que lo que menos les importa es lo que en la teoría debiera ser su preocupación esencial: EL BIEN PÚBLICO.
El colmo de la desfachatez de nuestros diputados se corona con la entrega del más alto reconocimiento que el Estado potosino hace a sus ciudadanos distinguidos: La Presea Plan de San Luis.
Entregan la Presea en causa post mortem a don Carlos Jonguitud Barrios, quién recientemente había fallecido, en una ceremonia apresurada y mal planeada. El galardón lo recibe su hija María Guadalupe Jonguitud Rodea, quien al abrir el estuche que supuestamente contenía la medalla, no tuvo mas que sorprenderse al encontrar que no había tal, sino una bisutería que simulaba la presea, pues los diputados y quién administra el Congreso, no tuvieron el cuidado de mandarla a hacer, ya que año con año se elabora de manera especial, con diseño único y en oro macizo, con el nombre del homenajeado grabado.
Como burla, al Profesor y Licenciado quién siendo Gobernador del Estado en el año de 1983 instituyó la entrega de la Presea Plan de San Luis para reconocer a los potosinos distinguidos, le toco una corcholata.